La adjudicación de contratos por más de RD$110 millones para el suministro de alimentos escolares en San Pedro de Macorís ha generado cuestionamientos sobre la experiencia empresarial, capacidad financiera y estructura operativa de tres jóvenes que resultaron beneficiados en el proceso.
De acuerdo con el acta de adjudicación, los contratos correspondientes al proceso INABIE-CCC-LPN-2025-0079 ascienden en conjunto a RD$110,785,786.80 y fueron otorgados a Beltré Beltré, SRL; Carolin Michel Díaz Beltré; y Franniel Ramírez Beltré. Los contratos tendrán una vigencia de dos años y están destinados al suministro de raciones alimentarias para centros educativos públicos de San Pedro de Macorís.
El caso tomó mayor atención pública luego de que los jóvenes comparecieran en una entrevista para explicar cómo lograron participar y resultar adjudicatarios del proceso.
Durante la conversación surgieron preguntas relacionadas con su trayectoria empresarial y con el manejo financiero de contratos de esta magnitud. Entre los aspectos discutidos estuvo la dificultad para precisar algunos elementos relacionados con el margen de beneficio por cada ración y la forma en que serían manejadas determinadas operaciones logísticas.
Uno de los casos expuestos corresponde a Franniel Ramírez Beltré, quien participó como persona física y obtuvo una adjudicación de aproximadamente RD$24.5 millones para suministrar 645 raciones diarias.
Por su parte, Nayeli Carolina Beltré explicó que junto a su hermana Luisa Margarita Beltré dirige la empresa Beltré Beltré, beneficiaria de un contrato de aproximadamente RD$48 millones para suministrar 1,200 raciones diariamente.
Carolin Michel Díaz Beltré también resultó adjudicataria de un contrato destinado a cubrir la alimentación de 939 estudiantes en centros educativos de San Pedro de Macorís.
Los jóvenes han defendido que sus participaciones fueron realizadas conforme a las reglas establecidas y rechazaron tener vínculos de amistad, familiares o políticos con funcionarios del INABIE. También explicaron que recurrieron a recursos propios, familiares, préstamos y mecanismos de financiamiento cooperativo para demostrar su capacidad económica.
El INABIE defiende el proceso
Ante los cuestionamientos, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, explicó que la edad o la reciente creación de una empresa no constituyen por sí mismas impedimentos para participar en una licitación pública.
El funcionario sostuvo que una MIPYME nueva puede resultar adjudicataria si cumple con las condiciones establecidas en el proceso de contratación y afirmó que las empresas involucradas están siendo objeto de revisión.
El INABIE había informado previamente que los procesos de licitación del almuerzo escolar para los períodos 2026-2027 y 2027-2028 estuvieron dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, con miles de oferentes participantes. La institución también anunció mecanismos tecnológicos para reforzar las evaluaciones técnicas, incluyendo registros audiovisuales y geolocalización durante las inspecciones.
Las preguntas que permanecen abiertas
El debate, por tanto, no se limita a la edad de los adjudicatarios. La principal interrogante gira en torno a cómo empresas y emprendedores con poca trayectoria pueden asumir contratos que implican la preparación y distribución diaria de cientos o miles de raciones de alimentos para estudiantes.
La documentación disponible demuestra que las adjudicaciones fueron realizadas dentro de un proceso formal de contratación pública. Sin embargo, los cuestionamientos surgidos públicamente colocan bajo la lupa aspectos como la capacidad operativa, el financiamiento, la experiencia administrativa y los mecanismos de supervisión que deberán acompañar la ejecución de estos contratos.
Por el momento, los adjudicatarios defienden la legitimidad de su participación y el INABIE sostiene que no existe impedimento legal para que jóvenes emprendedores compitan por estos procesos.
La atención ahora estará puesta en la ejecución de los contratos y en los mecanismos de supervisión que garanticen que las raciones destinadas a los estudiantes sean entregadas bajo las condiciones establecidas.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: cómo ampliar las oportunidades para nuevos emprendedores sin debilitar los controles necesarios cuando se trata del manejo de recursos públicos y de uno de los principales programas de alimentación del sistema educativo dominicano.
