SANTO DOMINGO.– El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles dominicanas volvió al centro del debate público tras un intercambio entre el empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke) y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.
La controversia gira alrededor de una pregunta que continúa generando preocupación: ¿cómo siguen funcionando teléfonos celulares dentro de centros penitenciarios pese a las medidas anunciadas para bloquear las señales?
Matías cuestionó la situación y puso sobre la mesa las inversiones anunciadas para enfrentar el problema.
Gómez Mazara respondió defendiendo las acciones realizadas desde Indotel y aclarando que esa institución no administra las cárceles ni controla el ingreso de teléfonos a los recintos penitenciarios.
ALOFOKE CUESTIONA QUE SIGAN FUNCIONANDO CELULARES
Santiago Matías centró sus cuestionamientos en el problema que enfrentan ciudadanos que reciben llamadas fraudulentas y otras comunicaciones originadas desde centros penitenciarios.
El comunicador cuestionó que, pese a las medidas anunciadas y los recursos destinados al bloqueo de señales, todavía exista preocupación por la utilización de celulares desde las cárceles.
El planteamiento volvió a colocar bajo atención pública tanto el ingreso de dispositivos a los recintos como la capacidad tecnológica para impedir que sean utilizados.
La discusión adquirió mayor fuerza debido a que durante los últimos años las propias autoridades han reconocido la utilización ilegal de teléfonos desde diferentes centros penitenciarios.
GUIDO RESPONDE Y EXPLICA RESPONSABILIDADES
Guido Gómez Mazara respondió a los cuestionamientos y defendió las acciones realizadas desde Indotel.
El funcionario explicó que Indotel no tiene jurisdicción sobre la administración interna de los centros penitenciarios, por lo que no corresponde a esa institución controlar físicamente el ingreso de celulares.
Gómez Mazara también insistió en que el bloqueo de señales representa un desafío técnico.
Un inhibidor debe impedir las comunicaciones ilegales dentro del perímetro de una cárcel sin dejar sin servicio a ciudadanos, viviendas o establecimientos ubicados en zonas cercanas.
Durante su respuesta, el funcionario cuestionó las opiniones realizadas sin conocer las competencias de cada institución.
“El que opina desde el desconocimiento es un ignorante”, expresó Gómez Mazara durante sus explicaciones sobre el tema.
¿QUÉ PASÓ CON LOS RD$300 MILLONES?
Uno de los puntos centrales de la discusión corresponde a los RD$300 millones destinados al proyecto de bloqueadores de señales.
El origen de esos recursos se remonta a una decisión anunciada por Indotel para apoyar a las autoridades responsables del sistema penitenciario.
La institución dispuso RD$300 millones para la adquisición de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones destinados a diferentes cárceles del país.
Sin embargo, existe una diferencia importante.
Indotel aportó los recursos, pero no era la institución encargada de realizar por sí sola la adquisición y administración de los equipos dentro de las cárceles.
El acuerdo estableció responsabilidades para las instituciones vinculadas al sistema penitenciario, mientras Indotel asumiría funciones relacionadas con el componente técnico y el espectro radioeléctrico.
EL PLAN COMENZÓ EN VARIAS CÁRCELES
El proyecto contempló inicialmente intervenciones en centros penitenciarios considerados prioritarios.
Entre ellos fueron mencionados recintos de La Vega, Azua, Higüey y Santiago.
Posteriormente, las autoridades informaron sobre la implementación de bloqueadores y pruebas en diferentes cárceles.
Gómez Mazara ha sostenido que la tecnología requiere calibración debido a que una cárcel puede encontrarse próxima a comunidades donde ciudadanos necesitan mantener sus servicios de telefonía e internet.
El objetivo consiste en bloquear las comunicaciones ilegales dentro del recinto sin perjudicar las comunicaciones legítimas fuera de este.
AUTORIDADES HAN ADVERTIDO SOBRE LLAMADAS FRAUDULENTAS
La preocupación alrededor de los celulares en las cárceles no es nueva.
El propio Gómez Mazara ha afirmado anteriormente que más del 90 % de las llamadas fraudulentas vinculadas a delitos en República Dominicana se originan desde centros penitenciarios.
Ese dato fue una de las razones utilizadas para justificar la implementación del sistema de bloqueo.
Las autoridades buscan impedir que privados de libertad utilicen dispositivos móviles para realizar estafas u organizar otras actividades ilegales desde los recintos.
EL DEBATE VA MÁS ALLÁ DE ALOFOKE Y GUIDO
Aunque el intercambio entre Santiago Matías y Guido Gómez Mazara llevó nuevamente el tema a las redes sociales, la discusión plantea interrogantes que van más allá de ambas figuras.
Una cosa es impedir que los teléfonos entren físicamente a una cárcel y otra diferente es bloquear tecnológicamente la señal de aquellos dispositivos que logren ingresar.
Esto implica responsabilidades de distintas instituciones.
Indotel tiene competencias sobre telecomunicaciones y espectro radioeléctrico, mientras la seguridad, administración y control interno de los centros penitenciarios corresponden a las autoridades responsables del sistema carcelario.
Por esa razón, el debate no se limita a determinar si los bloqueadores funcionan.
También coloca sobre la mesa una pregunta todavía más básica: ¿cómo continúan entrando teléfonos celulares a las cárceles dominicanas?
El intercambio entre Alofoke y Gómez Mazara vuelve así a poner bajo atención un problema que durante años ha generado preocupación entre ciudadanos y autoridades: el uso ilegal de las telecomunicaciones desde los centros penitenciarios del país.
